La pobreza y el riesgo de exclusión social afectan al 31,2% de la población de Canarias, el mismo porcentaje que en 2025, lo que interrumpe cuatro años consecutivos de mejora. Así lo recoge el XVI Informe AROPE, presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias, que advierte de la persistencia de las desigualdades y de las dificultades para que los colectivos más vulnerables abandonen esta situación.
Uno de los indicadores que más preocupa a la organización es el número de personas que viven con menos de 679 euros mensuales: unas 182.000 en el archipiélago. Su vicepresidente en Canarias, Fernando Rodríguez, ha expresado su sorpresa por el estancamiento de las cifras, después de que la tasa de pobreza descendiera aproximadamente dos puntos porcentuales al año durante los cuatro ejercicios anteriores.
«Podemos pensar que las medidas han tocado suelo, que hasta aquí han llegado los intentos de reducir la pobreza», ha señalado Rodríguez, quien ha advertido de que será necesario «hacer muchísimos esfuerzos» para alcanzar el objetivo de reducir la pobreza a la mitad en 2030. La tasa canaria se sitúa 5,5 puntos por encima de la media nacional, del 25,7%.
La situación de la infancia constituye otro de los principales focos de preocupación. Según la Encuesta de Condiciones de Vida, 91.000 niños, niñas y adolescentes se encuentran en situación de pobreza, el 41,1% del total. Sin embargo, si se toman como referencia las estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), la cifra podría ascender a 141.000 menores. «Una cifra que asusta y preocupa», ha afirmado el vicepresidente de la Red.
El informe también identifica una mayor exposición a la pobreza entre determinados colectivos afectados por desigualdades estructurales. La incidencia alcanza al 63% de las personas desempleadas, al 37% de las personas con discapacidad, al 21,7% de la población extracomunitaria y al 20,1% de los hogares monoparentales, mayoritariamente encabezados por mujeres con hijos a cargo.
En paralelo, el documento cifra en 671.000 los canarios mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza o exclusión social, un dato que aumenta respecto al año anterior.
La vivienda aparece como uno de los factores centrales de la vulnerabilidad económica. El gasto medio destinado al alquiler supera el 45% de los ingresos familiares en Canarias, frente al umbral del 30% que se utiliza como referencia para considerar asequible el coste residencial. En las zonas con mayor presión inmobiliaria, el esfuerzo puede alcanzar entre el 80% y el 90% de los ingresos.
Además, 293.000 personas en las islas acumulan retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca, según los datos expuestos por Rodríguez. La organización vincula estas dificultades al empobrecimiento persistente de los hogares y reclama garantizar tanto el acceso a una vivienda digna como la posibilidad de mantenerla.
Los indicadores de privación material ofrecen resultados desiguales. El porcentaje de personas que no puede permitirse una semana de vacaciones al año ha descendido seis puntos, hasta el 39,3%, mientras que el de quienes no pueden comer carne, pollo o pescado, o un alimento equivalente, al menos cada dos días se sitúa en el 9%.
En cambio, el 18,8% de la población no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno. También ha aumentado, hasta el 49,8%, la proporción de personas que carecen de capacidad para afrontar gastos imprevistos, tras subir 0,9 puntos porcentuales.
El mercado laboral presenta asimismo señales de deterioro. La baja intensidad en el empleo ha aumentado 1,2 puntos respecto al año anterior y afecta al 11,6% de la población canaria en edad laboral, frente al 8% de media estatal. El informe relaciona esta evolución con la temporalidad, la parcialidad involuntaria y la inestabilidad de los ingresos, y sitúa en torno a 400.000 las personas que sufren pobreza laboral en las islas.
A esta situación se suma una brecha económica creciente: la renta media del 10% más rico de la población multiplica por 8,6 la del 10% más pobre. Rodríguez ha advertido de que los sectores con menores ingresos «cada vez son más pobres».
Las transferencias públicas, entre ellas el ingreso mínimo vital, la renta canaria, las pensiones no contributivas, las ayudas a la dependencia y a las personas con discapacidad y las becas, contribuyen a reducir la pobreza, aunque la organización considera que su alcance sigue siendo insuficiente. Sin estas prestaciones, la tasa de pobreza en Canarias se elevaría al 52,2%, según los datos presentados.
Canarias ocupa el quinto puesto entre las comunidades autónomas por inversión en políticas sociales, con 3.456 euros por habitante. Ante esta cifra, Rodríguez se ha preguntado: «¿Por qué seguimos como la cuarta comunidad con la tasa de pobreza más alta? ¿Qué está pasando con las transferencias públicas?».
El vicepresidente de la Red ha atribuido parte del problema a que las ayudas no llegan a todas las personas que cumplen los requisitos, debido a la falta de información, la brecha digital y las dificultades de despliegue de prestaciones como el ingreso mínimo vital, la renta canaria o el bono social eléctrico. «No se trata de aumentar recursos sino que lleguen a todos los que las necesitan», ha defendido.
Entre las propuestas del XVI Informe AROPE figuran mejorar la coordinación entre las administraciones, garantizar el acceso y el mantenimiento de una vivienda asequible, ampliar el parque público y facilitar la incorporación al mercado de los inmuebles vacíos. El documento también reclama avanzar hacia un empleo estable, con salarios suficientes y condiciones laborales dignas.
Rodríguez ha pedido un «gran pacto de lucha contra pobreza» en Canarias que permita dejar al margen las diferencias partidistas y reforzar la cooperación institucional. También ha reclamado una «verdadera coordinación entre administraciones y a todos los niveles» y ha criticado las disputas sobre el reparto de competencias cuando, a su juicio, no se traducen en soluciones para la población afectada.
