El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto ley que amplía hasta el 31 de diciembre de 2027 el plazo para que los titulares de viviendas vacacionales que ya ejercían la actividad antes de la entrada en vigor de la nueva normativa presenten la comunicación previa de actividad clasificada. La medida busca facilitar la adaptación al nuevo marco regulatorio y aportar seguridad jurídica a los propietarios.
La norma, propuesta por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, modifica la Ley 6/2025, de ordenación sostenible del uso turístico de viviendas, y la Ley 6/2019, de ordenación territorial de la actividad turística de las Islas Verdes.
El nuevo decreto establece los requisitos técnicos mínimos que deberán cumplir las viviendas vacacionales para acreditar que se ajustan a la normativa de actividades clasificadas. Entre la documentación exigida figuran los planos de situación y distribución del inmueble, fotografías, documentación relativa a la primera ocupación y, cuando corresponda, acreditación de la seguridad estructural.
También será necesario disponer de medidas de protección contra incendios, como detectores de humo, extintores y señalización de evacuación. La regulación contempla, además, condiciones específicas para las viviendas con piscina y para los accesos.
Estos requisitos también se aplicarán a los inmuebles que pretendan iniciar una nueva actividad turística mientras no se apruebe la normativa técnica definitiva.
Cinco años adicionales para las viviendas que no se regularicen
El decreto ley contempla que las viviendas vacacionales que no completen su regularización administrativa dentro del plazo establecido podrán continuar desarrollando la actividad durante cinco años adicionales. Una vez transcurrido ese periodo, deberán cesar en el uso turístico.
Asimismo, la nueva regulación refuerza las competencias de inspección y comprobación de los ayuntamientos y cabildos insulares. Los consistorios tendrán un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la normativa de actividades clasificadas para aprobar y comenzar a aplicar sus planes de control, que podrán tener una duración máxima de cuatro años.
Régimen especial para las Islas Verdes
El decreto ley también introduce modificaciones específicas para El Hierro, La Gomera y La Palma. En concreto, reconoce la aplicación directa y preferente de la Ley 14/2019, que regula la actividad turística en estas tres islas.
De esta forma, las determinaciones territoriales y urbanísticas de la Ley 6/2025 no se aplicarán en las Islas Verdes hasta el 13 de diciembre de 2030, por lo que se mantendrá durante ese periodo el régimen especial vigente.
La norma incorpora igualmente medidas para las viviendas vacacionales destruidas por la erupción volcánica de La Palma en 2021. Sus propietarios podrán reconstruir los inmuebles y recuperar la actividad turística conservando la signatura y los derechos asociados a las viviendas originales, sin necesidad de cumplir el requisito de antigüedad mínima establecido en la nueva legislación.
Además, se reconocerán la antigüedad y la situación jurídico-urbanística de los inmuebles originales, salvo que la nueva ordenación resulte más favorable para sus titulares.
El decreto ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), aunque sus efectos se retrotraerán al 13 de diciembre de 2025, fecha en la que entró en vigor la Ley 6/2025.